En el mes de febrero, el mandatario obtuvo un segundo mandato, a pesar de que la Carta Magna no permite la reelección consecutiva. Su partido posee una mayoría significativa en el Congreso, base sobre la cual desarrolló cambios que posibilitaron su candidatura y agilizan la aprobación de leyes con escasas restricciones.
Ampliación del sistema de excepción
A partir de marzo de 2022, se estableció un estado de emergencia que anula ciertos derechos esenciales, tal como el derecho al debido proceso y limita las libertades civiles. Aunque se planeó en un principio como una medida temporal frente al incremento de asesinatos relacionados con pandillas, este régimen ha sido extendido en más de 30 ocasiones con el respaldo del legislativo.
Este mecanismo ha permitido más de 85,000 detenciones arbitrarias, con unidades mixtas de seguridad desplegadas a gran escala. La cifra incluye a menores de edad detenidos bajo acusaciones de estar vinculados al crimen organizado ‑‑un escenario criticado por exponerlos a procedimientos inadecuados y castigos.
Infracciones registradas y censura global
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han clasificado estas acciones como violaciones sistemáticas: arrestos sin justificación, abuso, torturas, despidos forzosos y significativas deficiencias en el proceso judicial hrw.org. Informes subrayan que menores de edad están siendo llevados a prisiones estándar para adultos, contraviniendo normas internacionales que prohíben dicha práctica. Al menos 368 individuos han fallecido en estos lugares durante este lapso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que, aunque el régimen constitucional permite suspender garantías en emergencias, este debe ser proporcional y temporal. En este caso se ha convertido en una medida indefinida y abusiva, con severas consecuencias políticas y sociales .
Infraestructura penal masiva y sobrepoblación
Para dar soporte al régimen, se construyó el polémico CECOT, una instalación penitenciaria con capacidad para más de 40,000 reclusos, pero que opera en condiciones inhumanas: alto hacinamiento y régimen carcelario estricto. Esta mega-cárcel ha sido definida como un “agujero negro” de derechos humanos donde se priva de recreación y visitas, y se imponen castigos severos sin supervisión real.
Las cárceles en el país están desbordadas: el número de prisioneros ya ha sobrepasado los 94,000, mientras que la capacidad está entre 30,000 y 70,000 con la infraestructura recientemente añadida amnesty.org+4es.wikipedia.org+4theguardian.com+4. En un sistema extremadamente sobrecargado, son comunes las redadas masivas, veredictos automáticos y condiciones adversas que ponen en peligro la seguridad de los internos.
Respaldo ciudadano y encrucijada democrática
A pesar del costo en libertades, el régimen mantiene altos índices de aprobación. El gobierno defiende la medida afirmando que prioriza la seguridad ciudadana, y gran parte de la población lo respalda tras la reducción drástica de homicidios .
Sin embargo, organismos internacionales y agentes jurídicos han advertido de que este modelo autoritario, validado por el poder legislativo consolidado por el Ejecutivo, representa una erosión de los frenos institucionales y el respeto al Estado de derecho .
Preocupación por menores y deportados
Se ha suscitado una intensa polémica por el traslado de jóvenes a prisiones de adultos, lo que infringe derechos esenciales y pone en riesgo instalaciones que fueron creadas para situaciones específicas.
Además, Human Rights Watch describe las expulsiones desde Estados Unidos como «desapariciones forzadas» cuando las personas retornadas son detenidas sin un proceso adecuado o cargos válidos.
Balance final: ¿seguridad a costa de los derechos?
Los logros en el área de la seguridad son evidentes: El Salvador ha tenido varios años con niveles históricamente bajos de homicidios y en 2024 concluyó con una tasa de 1.9 por cada 100,000 personas.
No obstante, la táctica ha desviado derechos esenciales y ha debilitado de forma drástica instituciones como la Fiscalía y la Corte Suprema, las cuales están completamente bajo el control del Ejecutivo elpais.com.
El dilema es profundo: ¿vale la pena sacrificar garantas constitucionales, libertades civiles y derechos humanos por una seguridad autoprestigiosa? El futuro plantea desafíos: la institucionalización de este modelo y su permanencia tras el régimen de excepción.
